Ante la gravedad de los efectos del a COVID en la salud de los ciudadanos y la crisis generada por la gestión de la pandemia, desde los primeros momentos, se vislumbró un panorama desolador para los Derechos fundamentales, pues, la respuesta inmediata y generalizada para intentar atajar las graves consecuencias de la enfermedad, ha pasado, en primer lugar, por dictar los Estados de alarma y/o excepción –en los países donde se ha hecho-, y a continuación, la limitación y/o suspensión de Derechos fundamentales.
Algunas de estas actuaciones llegan a poner en cuestión la vigencia del Estado de Derecho, en tanto se han aprovechado las cuarentenas y los “estados de excepción” o “estados de alarma”, para hacer tabula rasa de la legalidad nacional e internacional vigente.
La protección del derecho a la salud, también en situaciones de urgencia, obliga a reflexionar en profundidad sobre sus contenidos y las responsabilidades que conlleva, por ejemplo, cuáles son los grupos prioritarios en la atención; cómo y a quien se aplican los mecanismos de respiración asistida, o los tratamientos experimentales; y también, sobre la muerte digna. Los derechos de los enfermos, la salud pública y la seguridad (pandemia global, contagio consciente de enfermedades, responsabilidad médica, eutanasia forzada, etc.), se entrelazan en una serie de relaciones complejas, mediatizadas por la urgencia, los intereses y el secretismo institucional y la creciente actuación de los denominados grupos anti vacunas con gran presencia en las redes sociales.
Las consecuencias directas de la propia pandemia y el impacto de las medidas adoptadas para afrontarla en los derechos fundamentales, son alarmantes y el temor, porque se institucionalicen y normalicen, aun mayor. La censura, la presión a los periodistas, la falta de acceso a la información o los castigos a los medios por publicar información contraria a los intereses de gobiernos, se está extendiendo en algunos países, e incluso la divulgación de noticias falsas proviene, en algunos casos, del mismo gobierno (Brasil).
En este marco, el Congreso que proponemos, no es solo un encuentro científico más, que responde a intereses académicos valiosos como profundización del conocimiento en el área que corresponda. En este caso, además, se plantea como una obligación de la academia y las universidades con la sociedad, con el conocimiento, pues se nos ha sustraído, y con el Estado de Derecho, que defendemos, pues, precisamente, son las crisis las que testan los niveles de profundización democrática de los Estados. Desafortunadamente, en el ámbito Iberoamericano, este test aplicado a las políticas, normativa y actuaciones desarrolladas como consecuencia de la crisis por la pandemia de la COVID 19, arroja unos resultados preocupantes, no solo por la desigualdad evidenciada, sino también, por los altos niveles represivos alcanzados y el desprecio a los principios y garantías constitucionales y penales, impactando profundamente en los Derechos fundamentales de sus ciudadanos, especialmente en los más pobres y vulnerables.
Se requiere dialogar y profundizar, no solo sobre lo sucedido en la política criminal durante la pandemia, sino también, y esto es fundamental, lo que viene después, en el período pos-pandemia.